21/08/2021
La subida de los precios obligará al Estado a gastar 4.900 millones más en pensiones el próximo año.
El encarecimiento de la electricidad y los carburantes modifica las previsiones iniciales y amenaza las cuentas de la Seguridad Social
Que la inflación es enemiga del ahorro es una de esas máximas que no admiten debate. La última reforma de las pensiones, que vinculó su alza a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), garantiza que los pensionistas van a librarse del castigo de ver mermado su poder adquisitivo. La subida de los precios de los últimos meses obligará, por una parte, a compensar el próximo mes de febrero con la famosa “paguilla”, la desviación de los precios sobre el 0,9% que preveía en principio el Gobierno. Además, también habrá que revalorizar las pensiones del próximo año. Este doble efecto supondrá a las arcas públicas un coste extra de unos 4.900 millones de euros en 2022, según estiman distintas casas de análisis.
El Gobierno manejaba inicialmente unas previsiones de inflación del 0,9% para 2021, y sobre esta idea se construyó la subida de las pensiones. Pero esos cálculos ya son papel mojado. Las nuevas cuentas del Ejecutivo para final de año hablan de un ascenso mínimo de un punto adicional (1,9%), mientras que en la Fundación de las Cajas de Ahorro lo elevan al 2,5%. Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, advierte del riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asegura, además, que este nuevo paradigma inflacionista generará “un impacto importante” sobre las cuentas de la Seguridad Social.
