16/03/2026
Opinión sobre las fallas de la Oficina Virtual Tributaria
En las últimas semanas, la Oficina Virtual Tributaria ha venido acumulando fallas que ya no pueden verse como simples “problemas técnicos”. El sistema está calculando intereses a declaraciones que están al día, está eliminando formularios que los contribuyentes tenían pendientes de presentar y, para rematar, en el ISR la casilla de Gastos No Deducibles ni siquiera está funcionando correctamente. Estos errores no son menores: afectan directamente la determinación de impuestos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de miles de contribuyentes.
Lo más preocupante es que, a pesar de estas fallas, se pretende mantener la aplicación de sanciones e intereses como si el contribuyente fuera responsable del retraso. Pero el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es claro: solo procede sanción cuando existe culpa o dolo del contribuyente. Si la presentación se retrasa porque la plataforma oficial falla, no hay culpa. No hay dolo. No hay responsabilidad del ciudadano.
Además, el artículo 57 del mismo Código establece que los intereses solo proceden cuando existe mora real, es decir, cuando el contribuyente no paga dentro del plazo legal. Si el sistema calcula intereses sin que exista mora, estamos ante un error administrativo, no ante una obligación válida.
La Administración también tiene la obligación —artículo 99 del Código Tributario— de garantizar mecanismos adecuados para la presentación de declaraciones. Si la plataforma falla, la responsabilidad es de Hacienda, no del contribuyente. La jurisprudencia administrativa ha reconocido que la imposibilidad material de cumplir, incluyendo fallas tecnológicas, exime de responsabilidad.
Por eso resulta tan grave que se hable de “mejorar la recaudación” mientras la herramienta principal para cumplir está generando errores que afectan directamente al ciudadano. No se puede fortalecer la recaudación con plataformas que limitan el accionar del contribuyente, que generan incertidumbre y que exponen a las pymes y personas físicas a sanciones injustas.
La ciudadanía está dispuesta a cumplir. Lo que necesita es un sistema confiable, estable y técnicamente sólido. La tecnología debe facilitar el cumplimiento, no convertirse en un obstáculo que erosiona la confianza en la Administración Tributaria.
Hoy más que nunca, Hacienda debe asumir su responsabilidad y garantizar que la Oficina Virtual Tributaria funcione como corresponde. La seguridad jurídica no es negociable.
