18/11/2025
Con profunda risa, y mucha simpatía reviso que se ha hecho viral la noticia sobre una “iniciativa de reforma” presentada por MORENA.
Me di a la tarea de revisar la exposición de motivos y exactamente de qué se trataba.
Solo solté la carcajada…
La propuesta de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez dice que quiere “eliminar el ISR” en ciertos pagos para que la gente reciba más dinero. Suena hermoso. Pero basta comparar lo que propone con la Ley Federal del Trabajo y con la Ley del ISR para notar que todo está construido sobre errores básicos.
La iniciativa quiere exentar tres cosas. La primera es el “Día del Trabajo”. Aquí empieza el humor involuntario. La ley no crea ninguna prestación con ese nombre. Lo único que existe es que el primero de mayo es día de descanso obligatorio y que solo se paga extra si alguien trabaja ese día. Esa prestación no puede darse a todo el personal. Nace únicamente cuando alguien realmente trabaja. La iniciativa exige que sea “general”. Es como pedir que todos cobren horas extras aunque no las trabajen. La condición laboral simplemente no existe.
Luego intenta exentar la puntualidad y la asistencia. Y aquí viene otra risa. La ley tampoco establece esas prestaciones. No aparecen en ningún artículo. Son premios opcionales que cada empresa decide si da o no. La iniciativa exige que estén “en la ley” y que se den de manera “general”. Pero no están en la ley y no pueden ser generales porque son premios individuales. La iniciativa pide que se cumpla una regla que no existe y que además es imposible.
La tercera es la prima de antigüedad. Esa sí existe en la ley, pero la mezcla con dos premios que no existen y con una prestación que no es general. Mezclar una prestación obligatoria del artículo 162 LFT con dos estímulos discrecionales confirma que quien redactó la iniciativa no distingue entre obligaciones laborales y premios opcionales.
Y aquí viene lo que nadie ha explicado en redes: la iniciativa exige que todas estas prestaciones estén “previstas de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos o por contratos-ley”. Eso significa algo muy sencillo: solo el personal sindicalizado podría acceder a la exención, porque quienes no tienen contrato colectivo jamás podrían cumplir esa condición. La diputada anuncia un beneficio “para todas y todos”, pero redacta una reforma que únicamente favorece a quienes están bajo un contrato colectivo. La mayoría del personal del país queda automáticamente fuera.
Hasta aquí las condiciones laborales. Ahora viene lo que muchos medios no explican: aunque estas prestaciones se volvieran exentas, fiscalmente eso crea otro problema. Si un pago es exento para la persona trabajadora, la empresa pierde deducción. El artículo 28 de la Ley del ISR limita la deducibilidad cuando un pago es exento, lo que termina encareciendo la nómina. En pocas palabras: lo que la iniciativa llama “beneficio” termina costándole más a las empresas y no aumenta un solo peso real en el bolsillo de nadie.
La exposición de motivos habla de inflación, salarios mínimos, economía global, trabajo decente, desigualdad y hasta geopolítica, pero no revisa lo más elemental: qué dice la Ley Federal del Trabajo y qué implica realmente un ingreso exento. Es una narrativa bonita, pero desconectada de las condiciones reales que hacen válida una prestación y de los efectos fiscales que genera.
El resultado es simple. La iniciativa no puede operar porque las prestaciones que intenta exentar no cumplen las condiciones laborales que exige. Y si aun así se aplicara, terminaría afectando la deducción de las empresas. El discurso promete más dinero en el bolsillo, pero las reglas legales dicen lo contrario.
Por eso, después de leerla con calma, no queda más que sonreír. No por burla, sino por esa mezcla de ingenuidad y desconocimiento que a veces llega al Congreso. Y porque uno entiende que las leyes no se escriben con buenas intenciones, sino con técnica. Sin ella, solo se generan titulares virales y cero resultados reales.
